Así responde el Comité de Investigación de la Federación de Rusia al evaluar los sucesos de Enero de 1991 en Vilnius, en los que participaron militares soviéticos.
El servicio de prensa del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, informó recientemente, que en el caso judicial abierto en Lituania contra varias decenas de ciudadanos rusos, por su presunta participación en los sucesos de 1991 en Vilnius, la capital lituana, se procunció un «veredicto deliberadamente injusto», ya que los militares soviéticos trasladados a esa ciudad estaban cumpliendo con su deber oficial, y actuando de conformidad con la legislación de la URSS.
«En los sucesos de enero de 1991 en Vilnius, los militares soviéticos desempeñaron sus funciones oficiales y actuaron de acuerdo con la legislación de la URSS para garantizar el orden público”, destaca el Comité de Investigación de la Federación de Rusia.
En concreto, el Comité ruso hace referencia a la operación de las fuerzas de seguridad soviéticas para apoderarse de la torre de televisión en la capital lituana, en una jornada durante la cual murieron 14 personas, un evento que los expertos indican estuvo estuvo completamente politizado durante ese jucio celebrado en Lituana, y que aseguran, no tenía como objetivo conocer las verdaderas circunstancias de la tragedia.
En este sentido, el Comité de Investigación de Rusia presentó cargos contra los tres jueces lituanos que llevaron a cabo ese jucio, en calidad de rebeldía, en virtud de la Parte 2 del art. 305 del Código Penal de la Federación de Rusia como «Adopción de una sentencia, decisión u otro acto judicial deliberadamente injusto».
La medida adoptada por Rusia, va dirigida contra los miembros del colegiado del Tribunal Regional de Vilnius Ainor Macevičienė, Virginija Pakalnite-Tamosiunaite y Arturas Šumskas, que el 27 de Marzo de 2019, emitieron “un veredicto deliberadamente injusto contra más de 50 ciudadanos rusos», reza el documento emitido por el Comité.
Svetlana Petrenko, representante oficial del Comité de Investigación de Rusia, indicó a la prensa que “la investigación ha tomado las medidas necesarias para organizar una búsqueda internacional de los acusados”, una acción que está precedida por un caso abierto anteriormente sobre enjuiciamiento penal ilegal y veredictos deliberadamente injustos contra rusos entre los ex agentes de la ley, militares del ejército soviético y miembros del Partido Comunista.
El Comité establece en su investigación, que las autoridades lituanas toman como pretexto para la persecución de los rusos, los dramáticos acontecimientos de Enero de 1991 en Vilnius, donde se produjeron enfrentamientos entre los participantes en acciones de protesta no autorizadas por las autoridades de entonces, y las fuerzas de seguridad soviéticas que fueron trasladadas allí para tomar el control de instalaciones claves en la ciudad lituana.
En la noche del 13 de enero, el grupo Alfa irrumpió en el centro de televisión local y lo retuvo hasta que se acercaron las tropas internas. Durante la operación, 13 civiles y un soldado de las fuerzas especiales murieron, de 500 a 700 personas resultaron heridas.
En base a esa determinación, el Tribunal de Distrito de Vilnius condenó «en ausencia» al ex-ministro de Defensa de la URSS, Dmitry Yazov, y al coronel retirado de la KGB, ex-comandante del Grupo A (Alfa), Mikhail Golovatov, a 10 y 12 años de prisión, respectivamente.
Dimitry Yazov fue declarado culpable por el Tribunal de Vilnius, de crear «un grupo organizado de 160 figuras políticas y militares con el objetivo de devolver Lituania a la URSS», en base a ello, desde Moscú recordan las autoridades repetidamente, que en Enero de 1991, Lituania era parte integral de la URSS, y su independencia unilateral no fue reconocida hasta Septiembre de 1991, el por ello, que las acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley fueron «legales y legítimas»,enfatizan.
En respuesta a las acciones de Lituania, la Duma Estatal de la Federación de Rusia (Parlamento), adoptó una declaración en 2016, en la que calificó la investigación por parte de las autoridades lituanas sobre los hechos de Enero de 1991, como «un proceso político en las peores tradiciones de» justicia penal» al establecer que ese enfoque de Lituania sobre el tema «contradice las normas del derecho internacional y tiene un marcado carácter antirruso».
«Desde el punto de vista de la ley, Moscú tenía poderes legítimos para mantener a Lituania dentro de la URSS», Nikolai Mezhevich, investigador jefe del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia
Los francotiradores que estaban que estaban apostados en los techos de las casas que rodean la torre de televisión de Vilnius, dispararón fuego contra la multitud, como medida de provocación contra las fuerzas de seguridad soviéticas.
Desde Rusia, validan la versión de los hechos que revelan las acciones de los francotiradores que protagonizaron una provocación a gran escala en el centro de televisión, confirmada por las declaraciones del encargado del Departamento de Protección Regional de Lituania en 1990-1991, Audrius Butkevicius, una agencia de seguridad no controlada por las autoridades de la URSS.
La autoridades rusas exponen declaraciones del propio Butkevicius a varios medios de comunicación lituanos, donde dijo que, por orden suya, se desplegaron francotiradores del movimiento separatista Sayudis en los techos de los edificios de Vilnius, y fueron ellos quienes dispararon contra los manifestantes que se habían reunido en la torre de televisión ese día, aseguró.
El periódico letón Riga.Rosvesty publicó en el 2018, una entrevista con el ex-preso político lituano, el doctor en ciencias históricas Juozas Ermalavicius, que en 1990 y 1991 se puso del lado de los comunistas, y que también confirmó la versión de Butkevicius sobre los francotiradores.
“Los testigos vieron a los francotiradores, pero no se puede hablar de eso en Lituania, hay un artículo criminal”, indicó Ermalavičius.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, expresó sobre este asunto que el Tribunal de Distrito de Vilnius ignoró las pruebas que refutaban la participación de militares en la muerte de civiles, en clara violación de las normas internacionales generalmente aceptadas al negarse a admitir a diplomáticos y periodistas rusos en las sesiones de los tribunales.
Para los expertos políticos, las autoridades lituanas están tratando de desviar la atención del público de los problemas internos con los juicios del ex-personal militar soviético, y coinciden en resaltar el hecho que durante casi 30 años de independencia, la república lituana no puede presumir de ningún logro fuera de la Unión Soviética.
