El foro reune a líderes progresistas de América Latina, y busca fortalecer el papel del Estado frente al «autoritarismo» de derechas.
El Grupo de Puebla, movimiento político latinoamericano que reune en su seno a líderes progresistas de la región, presentó el 10 de febrero de 2021, su titulado «Manifiesto Progresista», un texto que abarca en 33 puntos principales el cambio que según indican sus firmantes necesita América Latina para abandonar definitivamente la senda del neoliberalismo, y conducirla hacia un futuro de desarrollo económico poniendo como esencia la fortaleza del Estado en función social.
«La humanidad enfrenta el mayor de sus desafíos: la vida en el planeta está en peligro. En ese contexto, la trágica situación sanitaria desatada por el covid-19 ha significado para América Latina pérdidas irreparables en términos de vidas humanas, además de agravar y profundizar la crisis económica y social que venía arrastrándose por años, como consecuencia, entre otros, de los golpes brutales o híbridos asestados en contra de los gobiernos progresistas de la región», destaca ese documento político.
Temas como la democracia, la pandemia global del coronavirus, la persecución judicial ligada a la corrupción, los intentos de consolidar una ideología de extrema derecha en la región, entre otros, son parte del enfoque de cambio que enarbolan las fuerzas de la socialdemocracia latinoamericana en la busqueda de un proyecto político colectivo y alternativo para América Latina y el Caribe.
«La pandemia ha desnudado las profundas desigualdades adjudicables al modelo neoliberal y que se han reflejado en la distribución de las vacunas. Estas injusticias se observan en las marcadas asimetrías en la producción y distribución de estas vacunas de las cuales depende la vida de millones de personas», indica el texto.
Además, los firmantes resaltan el hecho de que «algunas administraciones (gobiernos) han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia dejando entrever su incompetencia y negligencia, y perjudicando con ello no solo a sus respectivos países, sino al conjunto de la región», en clara alusión al presidente representante de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro.
Según plantea el documento, «el modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital, promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de Bienestar y la democracia, socava derechos sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social».
Además, asegura que el «agotamiento y consecuente crisis económica y social» del neoliberalismo «ha generado un crecimiento de la extrema derecha en varias latitudes, que pone en riesgo las democracias, incluso en países con una trayectoria significativa democrática. Este modelo incompatible con la vida debe sustituirse por uno que reivindique la solidaridad, la justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un nuevo rumbo para los pueblos de América Latina, el Caribe e Iberoamérica».
El Grupo de Puebla manifiesta que «es indispensable recuperar la integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas veces en la historia, América Latina y el Caribe habían estado tan divididas, al tiempo que urge la unidad para enfrentar complejos retos en el corto, mediano y largo plazo».
Por otra parte, indica el «Manifiesto», que «en medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, y en particular, las guerras jurídicas o lawfare que afectan derechos elementales de líderes y lideresas del progresismo».
Resaltan además los líderes de la socialdemocracia latinoamericana que «es necesario acudir a una defensa cerrada de la democracia en medio de una coyuntura donde al autoritarismo es una posibilidad fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neofascista, se debe responder con más Estado social de derecho y reivindicando el derecho social al Estado».
Por ejemplo, en el punto número de su «Manifiesto Progresista», el Grupo de Puebla destaca que es imprescindible instituir en la región, «un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionalización y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos».
El punto número 3 llama a «recuperar el papel fundamental para el Estado«, alegando que «no puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático, si no se recupera un rol activo y protagónico para el Estado, desmontado y debilitado según el dogma neoliberal«.
«No se trata de regresar a fórmulas anteriores, sino de desarrollar su potencial de árbitro del mercado, en la distribución de bienestar colectivo, y recuperar el manejo público y la garantía de acceso igualitario de bienes y servicios de acceso universal y que representan derechos como la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la seguridad alimentaria, el agua potable, la vivienda de interés social, la energía, la comunicación y la información y el conocimiento científico», argumenta el documento progresista.
En tanto, su punto 4 insta a que la iniciativa privada adopte una conducta «solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generación de trabajos dignos y mayor participación democrática», señalando que «el mercado no puede seguir siendo el paraíso de unos pocos y el infierno de muchos».
En ese sentido, el Grupo propone «estimular la responsabilidad social del mercado», resaltando que «la garantía de la empresa privada y su legítimo desarrollo incluye la obligación estatal de asegurar la libre competencia, defender al consumidor, proteger el trabajo digno y evitar prácticas monopólicas y oligopólicas».
Destacan además, los líderes socialdemócratas de América Latina, que en la región se debe «favorecer procesos compartidos de innovación para garantizar la calidad de los bienes sociales públicos y eliminar restricciones a la propiedad intelectual sobre bienes sociales de manera especial por la coyuntura. Por consiguiente, alertamos sobre la posibilidad de que las patentes se conviertan en impedimento para tener acceso a la salud como bien público».
En su punto número 5, El Manifiesto Progresista del Grupo de Puebla remarca que la atención médica debe ser adoptada como «bien público» de acceso global, determinando que «la pandemia demostró la necesidad urgente de considerar la salud como un derecho de todas y todos para construir sistemas universales de salud pública».
Además, resalta el texto, «la crisis evidenció la necesidad de que los Estados estén en la capacidad de producir vacunas, fármacos e insumos hospitalarios necesarios. Por lo tanto, se requiere de Estados que garanticen el derecho universal a la salud pública, con acceso real y efectivo a la ciudadanía, incluidas las y los migrantes. Las políticas de salud y de investigación científica, la producción y el acceso a medicamentos, no pueden depender de criterios asociados al mercado, sino de las prioridades y necesidades de nuestros pueblos».
Entre las figuras representantes de la socialdemocracia latinoamericana presente en este Grupo destacan los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y Bolivia, Luis Arce, así como los expresidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Roussef, de Bolivia, Evo Morales, Colombia, Ernesto Samper, Costa Rica, Martín Torrijos, Ecuador, Rafael Correa, España, José Luis Rodríguez Zapatero, Paraguay, Fernando Lugo, República Dominicana, Leonel Fernández, y de Uruguay, José Mujica.
