La medida no autoriza cualquier transacción o actividad relacionada con la exportación de diluyentes, directa o indirectamente a Venezuela.
Por medio de una licencia especial, el Departamento del Tesoro de EEUU autorizó este martes algunas «transacciones necesarias» para operaciones de puertos y aeropuertos en Venezuela.
La denominada «Licencia General 30A», indica que «salvo lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, todas las transacciones y actividades que involucren al Gobierno de Venezuela prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884 del 5 de agosto de 2019, que son normalmente incidentes y necesarios para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela», indica el documento firmado por Bradley T. Smith, director en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La medida permite transacciones y actividades que se mentenían prohibidas por medio de la Orden Ejecutiva 13850, fechada en noviembre del 2018, y que fue modificada en enero del 2019, durante la administración Trump, dirigica contra el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), o cualquier otra entidad en la que esa institución posea, directa o indirectamente, una participación de o más el 50 %.
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Sin embargo, según establece el texto, esta licencia no autoriza «cualquier transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela», ni permite «transacciones con cualquier persona o institución bloqueada distinta al INEA o las entidades donde esta participe».
Esta representa la primera medida en adoptarse por parte de la actual administración de Joe Biden, en relación a las relaciones bilaterales entre los dos países, y como contraparte a sanciones impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como parte de una línea política trazada por parte del equiupo de Donald Trump en la casa Blanca, y que apuntaban a los activos en poder del Ejecutivo venezolano, el propio presidente del país latinoamericano, o cualquier persona afiliada a él.
Además, las duras medidas coercitivas unilaterales por parte de EEUU en la era Trump fueron diseñadas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como a varios funcionarios venezolanos.
