El gobierno mexicano envió al Congreso una ley «contrarreforma» de la pactada en 2014 por Peña Nieto.
El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de su país una iniciativa de ley que busca dar prioridad a las empresas estatales mexicanas en la generación y distribución de la energía eléctrica.
La iniciativa del centroizquierdista gobierno de López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica fue ingresada en la Cámara de Diputados el lunes 1 de febrero, y tiene un plazo de 30 días para ser debatida por los miembros del Legislativo.
En la proposición de ley gubernamental, se hace hincapié en el hecho que la anetrior administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, llevó a cabo con su reforma energética de 2014, la privatización de la industria «a base de sobornos entregados a legisladores», acusación que está sustentada en el testimonio ofrecido a la justicia mexicana por un exdirector de la empresa estatal Pemex, indicando que había pactado con coimas la reforma energética para permitir mayor participación de compañías privadas en la explotación de los hidrocarburos y la generación eléctrica en el país latinoamericano.
Esta propuesta de «contrarreforma» del actual gobierno de México busca dar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y suministro de energía eléctrica.
En ese sentido, la iniciativa propone que el sistema eléctrico nacional debería ser estructurado en base a este orden:
- La energía producida por hidroeléctricas.
- Lo generado por las plantas de la CFE.
- Energía eólica o solar de particulares.
- Energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.
En palabras del propio López Obrador, el propósito de esta modificación es «echar abajo los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE».
Durante el 2020, López Obrador insistió en señalar que los gobiernos anteriores en México crearon un marco legal para beneficiar a las compaías privadas, una condición que obligaba a la CFE a parar sus plantas de energía eléctrica para priorizar la electricidad generada por los particulares.
Ahora, de aprobarse la iniciativa, el gobierno de Obrador retomaría el priorizar la producción de energía a partir de las empresas nacional, lo cuál afectaría de manera directa los intereses de las compaías privadas en ese renglón económico.
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De hecho, las reacciones al movimiento legislativo del Ejecutivo mexicano no se han hecho esperar, y ya ha sido criticado por sectores ligados al empresariado privado dentro y fuera del país, mostrando su rechazo a una eventual reducción de su participación en la generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, y que incluye a 255 autoabastecimientos, pequeña producción, exportación e importación; participando en el 14 % del consumo nacional.
Por medio de la reforma energética del 2014, en México existen 31 centrales privadas que tienen asegurada su venta de electricidad a la CFE, al menos dyrante 25 años, una condición que la Secretaría de Energía mexicana cataloga como un fuerte daño a las finanzas públicas del país.
