Timochenko hace responsable al Estado colombiano de las consecuencias que puedan derivarse de su negativa a conceder los viáticos de seguridad necesarios para que el partido Comunes pueda ejercer sus labores diarias.
En una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, el líder del partido Comunes (heredero político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, hizo responsable al Estado colombiano por lo que pueda suceder con los excombatientes de la antigua mayor guerrilla de ese país latinoamericano, una vez que el Gobierno de su país ha decidido restringir de manera progresiva la seguridad del movimiento político que dirige, aduciendo «austeridad en el gasto público».
«Quiero dejar constancia ante ustedes de que cualquier vulneración a nuestra seguridad, derivada de la negativa gubernamental a conceder los viáticos necesarios a los esquemas de seguridad, para que nos puedan acompañar en nuestras labores diarias, hará responsable al Estado colombiano de las consecuencias que puedan derivarse de la misma», destacó Timochenko en su mensaje al organismo minternacional.
«Alegando problemas fiscales, el actual Gobierno expidió decretos encaminados a la austeridad en el gasto público, sin reparar en absoluto en los compromisos firmados por el Estado en el acuerdo final de paz», denunció el exguerrillero en su misiva, argumentando que las recientes medidas decretadas por el gobierno que preside Iván Duque, lo colocan a él y a sus compañeros, en un inminente riesgo para sus vidas.
Además, destacó el dirigente político de Comunes, que «es así cómo de manera creciente la Unidad Nacional de Protección viene negando las autorizaciones de desplazamiento de los esquemas de seguridad que nos brindan protección, alegando la falta de recursos por cuenta de los recortes al presupuesto oficial», enfatizó Londoño.
En noviembre de 2016 se produjo la firma de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, presidido entonces por Juán Manuel Santos, y que puso fin a la presencia militar de las FARC en los territorios ocupados por la guerrilla, así como su desmovilización y consecuente desmilitarización al hacer entrega de las armas, un hecho que según Timochenko, con esta reciente acción se produce «una violación gravísima» de los términos del alto al fuego, remarcando que desde entonces, han sido asesinados 262 excombatientes de ese grupo guerrillero en Colombia.
El líder político de izquierda señala por otra parte, que mientras «crecen las amenazas y desplazamientos contra otros en distintas regiones del país», la negación de los servicios de escoltas que les protegen los ponen en una posición de riesgo inminente de muerte, y atenta contra el trabajo de su organización, obligando a desmovilizar a sus miembros, lo cuál les impide de manera directa su legítimo ejercicio democrático y de reincorporación en la vida política y social del país.
