Según destacó el secretario general de la Fiscalía boliviana, la acusación en contra de la exmandataria de facto está argumentada por «70 pruebas que están debidamente codificadas».
La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ha sido acusada formalmente por la Fiscalía de su país dentro del caso denominado Golpe de Estado II, dada su responsabilidad en los actos llevados a cabo por la oposición política al gobernante partido ‘Movimiento al Socialismo’ (MAS) y la consecuente renuncia obligada del exmandatario Evo Morales (2006-2019), en noviembre de 2019, dando paso a su autoproclamación como presidenta del país andino.
Según destacó el secretario general de la Fiscalía boliviana, la acusación en contra de la exmandataria de facto está argumentada por «70 pruebas que están debidamente codificadas». El caso contra Áñez, se fundamenta principalmente por los delitos de «Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes», una serie de violaciones que le permitieron acceder a la presidencia de manera ilegal, informó Edwin Quispe.
Luego de la renuncia de Morales, Jeanine Añez apoyada por altos cargos militares y policiales en su país, se hizo de la presidencia del Senado boliviano, mediante una sesión sin quórum y poseer una renuncia formal de la entonces presidenta senatorial Adriana Salvatierra. Acto seguido, la exsenadora opositora presidió una sesión parlamentaria, también sin quórum, y se autoproclamó como presidenta de Bolivia.
“En el caso de Adriana Salvatierra no se tiene renuncia escrita, mucho menos formalizada ante el pleno de la Cámara de Senadores”, establece parte de la imputación judicial contra la exmandataria de facto boliviana.
Además de haber violado los artículos 153 y 154 del Código Penal boliviano, la expresidenta de facto también enfrenta otras cuatro demandas de juicios en su país, por acusaciones relacionadas con dos masacres cometidas por policías y militares contra civiles manifestantes bajo su autorización, así como, presuntos delitos administrativos y económicos cometidos bajo su Gobierno.
Por el caso Golpe de Estado II, También han sido acusados nueve exaltos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía bolivianas, entre los que destacan, el excomandante militar Williams Kaliman y de la Policía, Yuri Calderón, ambos prófugos de la justicia en este momento.
«Solicito a su autoridad la remisión de la acusación ante la autoridad juzgadora conforme señala el art. 325 del Código de Procedimiento Penal a efectos de su juzgamiento y una vez celebrado el juicio oral público y contradictorio se dicte sentencia declarando a los acusados culpables de los delitos atribuidos considerando el concurso de su comisión, imponiéndoles la pena máxima que establece la norma penal sustantiva», destaca la acusación formal de la Fiscalía de Bolivia.
En medio de una conferencia de prensa el martes, la fiscal anticorrupción, Lupe Zabala, declaró que el Ministerio Público sustentó la acusación formal contra Añez con el testimonio de 17 testigos. «Las personas que han presentado su declaración informativa, en calidad de testigos, nos han dado parámetros suficientes para establecer la participación de los jefes policiales de las Fuerzas Armadas, también de la Policía y de la señora Jeanine Áñez», adelantando que, por los delitos cometidos antes mencionados, se han solicitado 10 años de prisión para la expresidenta de facto, de acuerdo con el código penal boliviano.
