La acusada deberá permanecer 6 meses de privación de libertad preventiva dado el riesgo de fuga.
La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, se enfrenta a una pena de cárcel de por lo menos 30 años por su responsabilidad directa en las masacres ocurridas en las regiones de Sencata y Sacaba en 2019, luego de haber asumido el poder en ese país latinoamericano trás el derrocamiento violento del exmanadatrio Evo Morales.
Según indicó este lunes a la televisora estatal boliviana BTV, Iván Lima Magne, ministro de Justicia de Bolivia, la Fiscalía pedirá «una condena de 30 años» contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la zona sur de La Paz bajo su período de mandato ilegal. Resaltó además el funcionario que, solo en Senkata y Sacaba murieron al menos 22 personas, que se manifestaron contra el gobierno golpista.
Magne destacó al medio que en las próximas semanas estará lista una presentación en la Justicia penal boliviana por lo que definió como «masacres sangrientas» a partir de los avances del Ministerio Público, en la vía ordinaria».
Jeanine Áñez se encuentra en estos momentos detenida, se le acusa por los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» que propiciaron el derrocamiento de Morales en noviembre del 2019.
Por determinación de la jueza Regina Santa Cruz, Jeanine Añez deberá permanecer privada de su libertad de forma preventiva durante los próximos 6 meses, bajo sospecha de fuga, en tanto la investigación sigue su curso.
«los seis meses de detención preventiva servirán para sustentar las graves violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de facto», remarcó Iván Lima Magne.
El ministro de Justicia boliviano destacó además que, en el caso de detención de Añez «se ha respetado el debido proceso en todo momento«, indicando que a ella «se la procesa por los delitos que ha cometido en su condición de senadora antes de asumir como presidenta de facto», con lo cuál, el Ministerio Público explica que, al no ser procesada como expresidenta del Ejecutivo, la misma no estaría protegida ante un posible juicio de responsabilidades, que es lo estipulado para juzgar a altos cargos del Estado boliviano.
Por otra parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, César Siles, confirmó a la prensa este lunes, la presentación ante la Fiscalía General del Estado de otras cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez, ocurridas durante su período de mandato.
Según detalló el funcionario, esas acusaciones tienen que ver con el préstamo irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la administración de facto, la prórroga catalogada como «ilegal», que establece 15 años de concesión de Fundaempresa, entidad comercial contratada por el Estado boliviano, la «vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile», así como, las restricciones decretadas durante la pandemia global del coronavirus.
