En un comunicado, la Secretaría de la OEA afirmó haber constatado amenazas de persecución judicial a políticos opositores al gobierno del MAS.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reinicia su enfrentamiento frontal contra el Gobierno de Bolivia, una vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) recobró las riendas del poder en ese país latinoamericano mediante elección popular, alegando una actuación judicial arbitraria en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Añez.
En un comunicado del lunes 15 de marzo, Almagro lanza una serie de cuestionamientos a las instituciones bolivianas, instando a la liberación de los que califica como «políticos opositores» detenidos por las autoridades de Bolivia.
Lo cierto es que, la reacción de la OEA llega en momentos en que Áñez ha sido detenida el domingo pasado, y acusada por los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración», cuando fungía como senadora durante los eventos que en noviembre de 2019, provocaron el derrocamiento de Evo Morales y facilitaron que ella presidiera un gobierno de facto durante todo un año, el cuál recibió el beneplácito del organismo presidido por Almagro.
El documento de la OEA, manifiesta a las autoridades bolivianas su «preocupación» por lo que cataloga como el «abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno».
Según el ente regional, «en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de procesos judiciales en contra de miembros del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)», en referencia a la suspensión de los cargos que durante el gobierno de facto se levantaron en contra de morales, «así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno», aludiendo a la élite golpista presidida por Añez.
Las exigencias de la OEA contempladas en el documento subscrito por Almagro destacan la necesidad de conformar una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción en los gobiernos de Morales y Áñez, remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional, reformar el Sistema de Justicia, y exige la inmediata liberación de todos los detenidos.
La OEA señala en su comunicado, que «el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso», una aseveración que el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, catalogó como injerencista e inconstitucional, destacando al mismo tiempo que su país está sopesando la posibilidad de tomar acciones legales contra Almagro, calificándolo como «trasnochado» con un discurso que afrenta la soberanía y Constitución de Bolivia.
«Si hubiera justicia y pudiéramos enjuiciarlo y traerlo al país, a que rinda cuentas por la gravedad de las afirmaciones y de la irresponsabilidad de su informe, lo haríamos», remarcó el ministro boliviano en entrevista para la televisora Red Uno.
