Este martes, la Cámara de Diputados de Chile aprobó llevar a cabo un juicio político de destitución contra el presidente, y cuya decisión final estaría en manos del Senado.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes, efectuar el juicio político contra el presidente del país sudameriocano, Sebastián Piñera, una iniciativa impulsada por la oposición política a su gobierno, tras la revelación de sus supuestos vínculos de corrupción en paraísos fiscales, conocidos como los ‘Papeles de Pandora’. Ahora, la decisión parlamentaria, que significaría la destitución del mandatario, deberá pasar al Senado para su confirmación o no.
«Con 78 votos a favor, 77 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera Echenique», informó el Congreso a través de un comunicado de prensa.
La jornada legislativa se tornó maratónica, debido a que la misma duró casi 22 horas horas, de las cuales 15 correspondieron a una exposición continua del diputado acusador Jaime Naranjo, miembro del centro-izquierdista Partido Socialista de Chile, y que fue el encargado de presentar los argumentos del procedimiento en contra de Piñera.
Todos los votos a favor de la destitución del actual presidente de Chile, estuvieron a cargo del sector opositor. Ningún diputado del oficialismo se presentó al procedimiento.
El pasado 13 de octubre, un grupo de diputados opositores al gobierno de Piñera presentó ante el Congreso la acusación constitucional contra el presidente, en aras de lograr su destitución del cargo por considerar que cometió delitos de «falta de probidad» y «daños al honor de la nación».
De ser validada la decisión de la Cámara de Diputados de Chile por el Senado de ese país, a partir de dos tercios de sus votos, la vacancia que dejaría Piñera debería ser ocupada, según la línea sucesoria en el Gobierno, por el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.
La acusación constitucional formal contra el presidente Piñera, se fundamenta en su presunta implicación personal en los Papeles de Pandora, una investigación que reveló que un empresario amigo del mandatario compró acciones en 2010 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, por unos 152 millones de dólares de la empresa chilena minera Dominga, una firma donde, además, participaban dos hijos del presidente.
Por dicha transacción, se le adjudica al presidente de la República haber prometido evitar declarar un territorio de Chile como zona de protección ambiental, lo cuál habría permitiendo la explotación de ese negocio minero en la zona. De momento, Piñera se encuentra sometido a una imputación penal por parte de la Fiscalía por los posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno.
