La «actual crisis política y económica en Venezuela» ha deteriorado de «la situación humanitaria» indica el documento.
Un informe solicitado por el gobierno de Estados Unidos, y publicado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense (GAO), asegura que las sanciones de EEUU en contra de Venezuela «han tenido un impacto negativo en la ya de por sí deteriorada economía venezolana».
Según establece la GAO estadounidense en el documento, «la actual crisis política y económica en Venezuela ha contribuido al deterioro de la situación humanitaria».
El texto refuerza la posición del gobierno venezolano que afirma las condiciones de vida de los venzolanos ha sido perjudicada directamente por el impcto severo de las sanciones económicas de EEUU contra el país latinoamericano, sin embargo, el informe no establece una relación directa entre las sanciones y su impacto sobre esas difíciles condiciones de vida del pueblo venezolano.
La GAO destaca en su estudio que esa limitaciones impuestas por las medidas de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, impide incluso a las organizaciones humanitarias de Estados Unidos entregar adecuadamente su ayuda al pueblo de Venezuela debido a los retrasos de las transacciones y transferencias como consecuencia del bloqueo de las operaciones financieras entre EEUU y el país caribeño.
El documento, de 59 páginas, resalta el hecho de que, las sanciones impuestas por EEUU están dirigidas principalmente a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y al Banco Central de Venezuela (BCV), provocando una caída del 99 % de los ingresos petroleros entre 2014 y 2019, refieren las autoridades venezolanas.
Kimberly M. Gianopoulos, directora de la GAO, destacó que el objetivo de este informe era de «examinar el comportamiento de la economía de Venezuela antes y después de la imposición de las sanciones en 2015», así como clarificar las acciones que las agencias estadounidenses han llevado a cabo para, según dijo, «identificar y mitigar» sus posibles consecuencias humanitarias negativas, y el posible impacto de las medidas en la industria petrolera de Estados Unidos.
Las sanciones impuestas contra PDVSA contribuyeron a que, por ejemplo, en 2019 «al mayor declive de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo», destacó el documento de la GAO, aunque especifica que otra causa de esa situación actual está sujeta «la mala gestión» del gobierno venezolano, y a «la disminución de los precios del petróleo».
Datos ofrecidos por el propio gobierno de Nicolás Maduro, indican que en 2015 la producción de petróleo era de unos 2.817.000 de barriles diarios, sin embargo, luego de aplicadas las sanciones esa cifra se redujo hasta los 664.000 al día. Además, según reportan las autoridades venezolanas, en 2020, el país latinoamericano solo ingresó 743 millones de dólares, en comparación con los 65.607 millones de dólares que se recibieron en 2008.
Además, las autoridades venezolanas han asegurado que las medidas estadounidense en su contra han causado a Venezuela pérdidas estimadas en 102.000 millones de dólares, como parte del cierre de todo tipo de financiamiento externo, así como la retención de al menos 5.000 millones de dólares desde el exterior, cuya cifra indican estaban destinadas a la compra de alimentos y medicinas.
En reacción, el gobierno venezolano responde al informe de la GAO de EEUU indicando que «las instituciones de EE.UU. demuestran el carácter criminal de sus sanciones», publicó en Twiter el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
Según remarca el organismo norteamericano encargado de este estudio, las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU tienen como objetivo «atacar al Gobierno venezolano y otras entidades que están contribuyendo a la crisis» estableciendo que las mismas «no pretenden restringir el flujo de bienes y servicios humanitarios al pueblo venezolano».
La gubernamental Oficina de Responsabilidad de EEUU tomo como base para llevar a cabo su estudio, indicadores económicos, así como una serie de informaciones del Departamento de Energía norteamericano y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según resalta el documento, también se tuvo en cuenta opiniones funcionarios estadounidenses, representantes de organizaciones humanitarias y de la industria petrolera nacional.
