La expresidenta de facto, Jeanine Áñez, en consjunto con sus exministros en el gobierno, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, interpusieron un recurso para ser liberados denunciando irregularidades durante su detención.
La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, y sus exministros en el gobierno, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, interpusieron un recurso legal ante el sistema de justicia de su país, alegando haber sido detenidos en medio de irregularidades exigiendo su puesta el libertad para proseguir con los cargos en su contra, sin embargo, el Tribunal de Justicia (TDJ) del departamento de La Paz rechazó este viernes esa petición.
En la audiencia, que tuvo lugar en la Sala Penal Primera del Tribunal de la Paz, se declaró improcedente el recurso presentado por los acusados, confirmandose la medida impuesta a Áñez, y sus exministros, de continuar en prisión preventiva a lo largo de seis meses que fue decretada anterioremente por la Justicia de ese país latinoamericano.
Los acusados deberán permanecer en cautiverio, mientras se desarrolla el proceso penal por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, por su participación directa en los actos que, en el marco del golpe de Estado ocurrido en noviembre del 2019, desencadenaron en el derrocamiento del gobierno progresista del expresidente Evo Morales.
Según estableció la defensa al interponer el recurso pidiendo la puesta de libertad de los imputados, se argumentó que la orden de aprehensión en contra de la exmandataria y sus exministros no incluía los nombres de Áñez, Coímbra y Guzmán, indicando además, que tampoco se describieron los delitos por los que habían sido acusados.
En ese sentido, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó que la petición de la defensa de Añez no tenía a lugar, ya que resaltó, la orden de detención sí contó con la debida fundamentación jurídica de las acusaciones en contra de la expresidenta de facto y sus colaborades en el gobierno.
Jeanine Añez podría pasar más de 30 años en privación de libertad, de cumplirse la anunciada intención de la Fiscalía boliviana de procesarle cargos por su directa responsabilidad en las matanzas ocurridas en contra de los manifestantes que se opusieron al golpe, en las localidades bolivianas de Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz, al emitir un decreto que liberaba a las fuerzas militares de cualquier tipo de repercusión legal en caso de haber utilizado la violencia.
La exmandataria de Bolivia deberá permanecer seis meses en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores, mientras que Coímbra y Guzmán cumplirán esa medida cautelar en el penal de San Pedro, en la localidad de La Paz.
