En contra de la exmandataria, se ha abierto un proceso de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas tras haber tomado el poder, en noviembre de 2019, luego de encabezar las fuerzas opositoras que derrocaron el gobierno de Evo Morales.
Este viernes, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, dió a conocer que el Ministerio Público de su país presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, por su papel en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas tras haber tomado el poder, en noviembre de 2019, luego de encabezar las fuerzas opositoras que derrocaron el gobierno de Evo Morales.
“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani del municipio de Sacaba y la Planta de Senkata de la ciudad de El Alto y los antecedentes acumulados, en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, el Ministerio Público presentó el día de hoy, ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, declaró Lanchipa al dar lectura al comunicado de prensa.
El funcionario remarcó, que en estos hechos fueron cometidos delitos de «genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte». «Los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley Nº 044, correspondiendo que dicha instancia, a la brevedad posible, “remita el mismo a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la respectiva autorización de juzgamiento”, destaca el texto.
Lanchipa manifestó, que el Ministerio Público de Bolivia «reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia», explicando al mismo tiempo, que ahora el TSJ debe remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el recurso acusatorio contra la expresidenta de facto, para que sea el ente legistativo el que autorice el juicio.
El 15 de noviembre de 2019, días después de que el gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez tomara el poder en Bolivia, las autoridades permitieron una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, en contra de miles de campesinos de la región de Chapare, simpatizantes del expresidente Morales, y que caminaban en dirección a La Paz, la capital del país. Como resultado, 12 personas fallecieron en la matanza y 125 más terminaron heridos.
Luego, tán solo cuatro días después, el 19 de noviembre, una nueva masacre ocurrió, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, y de la cuál, 10 personas fueron asesinadas por medio de un violento operativo policial y militar en contra de las manifestaciones.
