Una comisión del Senado brasileño que investigó la gestión gubernamental de la pandemia votó a favor del informe que le imputa 9 cargos al actual presidente de Brasil.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido imputado de varios cargos de responsabilidad al frente de ese país latinoamericano, según se revela en un informe aprobado este martes por una comisión del Senado brasileño, luego de seis meses de trabajos y casi 70 audiencias.
La comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia por parte del Gobierno del actual presidente, cree que Bolsonaro es responsable de haber cometido «crímenes contra la humanidad», entre otros delitos.
El informe cuenta con más de 1.288 páginas, en ellas se detallan como delitos la ‘mala gestión de la epidemia con resultado de muerte’; ‘infracción de medidas sanitarias preventivas’; ‘empleo irregular de fondos públicos’; ‘incitación al delito’; ‘falsificación de documentos privados’; ‘curanderismo’; ‘crimen de prevaricación’; ‘crimen contra la humanidad’ y ‘delito de responsabilidad’.
Además, dicha comisión también responsabilizó en esos actos a dos empresas y a un total de 79 personas, entre ellas, además del presidente, a tres de sus hijos, ministros, exministros, diputados, médicos y a empresarios por la gestión de la pandemia del coronavirus en el país, y que ha dejado más de 605.000 personas fallecidas y más de 21,7 millones de contagios.
En Brasil, el gobierno de Bolsonaro ralentizó la adquisición de vacunas antiCovid, aduciendo ser ineficaces y «poco creibles» para combatir la enfermedad, la cuál muchas veces el mandatario negó su existencia, es por ello que incluso, se negó a dar respuesta inmediata a los fabricantes de esos medicamentos que desde 2020 intentaban vender sus productos al Gobierno.
Las denuncias de la comisión parlamentaria serán presentadas ahora ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, quién es uno de los aliados del presidente, y cuya potestad podría encauzar las acciones penales contra Bolsonaro o de lo contrario archivar el caso. El fiscal general tiene 30 días para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
Al carecer del poder de denuncia, la comisión enviará el informe, además de la Fiscalía General de la República, all Tribunal de Cuentas o a la Corte Penal Internacional.
